CÓDIGO BENEMÉRITO, la revista de APROGC, un espacio para informar, compartir y acercarnos a todo lo que forma parte de nuestra asociación y del mundo de la Guardia Civil.
Cuando el Guardia Civil es denunciante o denunciado
Derechos, límites y claves jurídicas ante insultos, amenazas, resistencia, grabaciones, agresiones y actuaciones sometidas a revisión.
Cuando el Guardia Civil es denunciante… o denunciado
Derechos, límites y claves jurídicas ante insultos, amenazas, resistencia, grabaciones, agresiones y actuaciones sometidas a revisión.
Un guardia civil puede verse insultado, empujado, menospreciado o agredido durante el servicio. Pero también puede ser denunciado por su propia actuación. Este reportaje organiza las principales situaciones descritas en el documento de partida y diferencia, conforme a la legislación vigente, el ámbito administrativo del penal.
De la falta de respeto al delito
La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, tipifica en su artículo 37.4 como infracción leve las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, siempre que la conducta no constituya infracción penal. Por ello, burlas, comentarios, gestos, insultos o expresiones de menosprecio deben valorarse atendiendo a su contenido, gravedad y contexto, sin que toda expresión ofensiva constituya por sí sola un delito.
Es infracción leve cuando la falta de respeto o consideración se dirige a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones y la conducta no constituye infracción penal.
La desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes, cuando no sea constitutiva de delito, está tipificada como infracción grave. También comprende determinados supuestos de negativa a identificarse.
Cuando concurren agresión, acometimiento, intimidación grave o resistencia grave pueden entrar en juego los artículos 550 y siguientes del Código Penal. Las amenazas, coacciones, lesiones o delitos contra el honor tienen sus propios requisitos.
No toda falta de respeto es delito. La calificación jurídica depende de los hechos concretos, su gravedad y de que concurran los elementos del tipo administrativo o penal aplicable.
¿Se puede grabar una intervención?
La mera captación de imágenes de una actuación policial no constituye por sí sola la infracción del artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015. Tras la STC 172/2020, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nulo el inciso «no autorizado» y precisó que la conducta sancionable se refiere al uso o difusión de imágenes o datos cuando genere un peligro próximo o concreto para la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o para el éxito de una operación, con la necesaria ponderación del derecho fundamental a la información.
La mera captación o tenencia de imágenes o datos no realiza por sí sola el tipo infractor del artículo 36.23 LOPSC.
El uso o difusión puede ser sancionable si concurren los riesgos concretos previstos legalmente y, en cada caso, debe respetarse y ponderarse el derecho fundamental a la información.
La existencia de una grabación no autoriza por sí sola a borrar imágenes o acceder libremente al contenido del teléfono. Cualquier actuación policial sobre el dispositivo debe contar con cobertura legal y respetar los derechos fundamentales y las garantías aplicables.
Cuando la situación pasa al ámbito penal
Acometimiento y atentado
El artículo 550.1 del Código Penal considera reos de atentado a quienes agredan o acometan a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, o, con intimidación grave o violencia, les opongan resistencia grave, cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. La existencia de una lesión no es el único elemento relevante: debe atenderse a la conducta efectivamente realizada y a las circunstancias del caso.
Golpes, patadas, empujones u otras acciones físicas deben valorarse por sus características concretas para determinar si integran atentado u otra figura jurídica.
El artículo 550 contempla también la intimidación grave y la resistencia grave realizada con violencia en los términos previstos por el tipo penal.
Si además se causa una lesión, pueden resultar aplicables los artículos 147 y siguientes del Código Penal, según el resultado y las circunstancias, sin perjuicio de las reglas de concurso que correspondan.
Amenazas, coacciones e injurias
Las amenazas se regulan, entre otros, en los artículos 169 y siguientes del Código Penal y las coacciones en el artículo 172. Las injurias se definen en el artículo 208 y solo son delito, con carácter general, cuando por su naturaleza, efectos y circunstancias revisten la gravedad exigida legalmente. El artículo 504.2 se refiere específicamente a injurias o amenazas graves dirigidas a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como institución o colectivo, y no debe confundirse con cualquier insulto individual dirigido a un agente.
Resistencia: no todas las conductas son iguales
Puede integrar atentado cuando concurren los elementos previstos en el artículo 550 del Código Penal.
Fuera de los supuestos del artículo 550, la resistencia o desobediencia grave a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones se sanciona penalmente conforme al artículo 556.1.
Cuando la desobediencia o resistencia no sea constitutiva de delito, puede constituir infracción administrativa grave conforme a la Ley Orgánica 4/2015.
Cuando el Guardia Civil quiere denunciar
Cuando el agente considere que ha sido víctima de una conducta delictiva o de una infracción, la calificación no depende únicamente de su apreciación personal: deben describirse los hechos con precisión y aportar los elementos probatorios disponibles para que la autoridad competente determine su encaje jurídico.
Documentación, testigos, imágenes, partes facultativos y cualquier otro elemento relacionado con los hechos.
Recoger de manera objetiva los hechos relevantes, las órdenes impartidas, la respuesta producida y, en su caso, la agresión, amenaza, resistencia o menoscabo alegado.
Cuando existan, deberán acreditarse mediante la documentación correspondiente, sin prejuzgar su posterior valoración jurídica.
La exposición debe permitir reconstruir de manera comprensible lo sucedido, diferenciando hechos observados de valoraciones o conclusiones.
La presunción de inocencia permanece plenamente vigente. La denuncia del agente y los documentos que la acompañen quedan sometidos a las reglas de valoración de la prueba y a las garantías del procedimiento correspondiente.
¿Y si es el Guardia Civil quien resulta denunciado?
Cuando la actuación del agente es objeto de denuncia, deben examinarse las circunstancias concretas y la cobertura legal de la intervención: legitimidad de las órdenes impartidas, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza, fundamento de registros o medidas adoptadas y respeto a los derechos fundamentales. La condición de agente no excluye el control administrativo o judicial de su actuación ni elimina las garantías que corresponden a la persona denunciante y al propio agente.
La adaptación ha sido contrastada con la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana; el Código Penal vigente —última actualización publicada por el BOE el 9 de abril de 2026—; y la STC 172/2020 sobre el uso de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La calificación definitiva de un caso concreto corresponde a la autoridad administrativa o judicial competente.
Conocer la ley también protege al agente
La función policial sitúa diariamente a los guardias civiles ante situaciones de tensión, resistencia, provocación e incluso violencia. Diferenciar una infracción administrativa de una conducta penal, documentar correctamente una intervención y conocer los límites de la propia actuación constituye una herramienta esencial de seguridad jurídica.