En los últimos años, hemos observado con preocupación una tendencia creciente hacia la retirada de competencias de la Guardia Civil en diferentes comunidades autónomas de España. Este proceso, lejos de responder a una estrategia coherente y coordinada de mejora de la seguridad, parece estar impulsado por decisiones que no siempre priorizan la eficacia y la cohesión de los cuerpos de seguridad.
La reciente decisión del Gobierno de transferir las competencias de tráfico en Navarra a la Policía Foral ha desatado un debate que va más allá de un caso concreto. No podemos obviar que esta tendencia no es nueva: ya ocurrió en Cataluña, se permitió en Euskadi, y se vislumbra como una posibilidad en Galicia y Canarias, donde parece que el objetivo consiste en fortalecer y ampliar el Cuerpo General de Policías Autonómicas con la finalidad de asumir progresivamente un mayor número de competencias.
Hoy, cientos de agentes que actualmente desempeñan funciones en la especialidad de Tráfico de Navarra están experimentando una situación de gran incertidumbre. A pesar de la magnitud de este cambio, el Ministerio del Interior no ha aclarado cuestiones fundamentales relacionadas con el calendario previsto para la transferencia, ni ha especificado el impacto que tendrá en las plantillas.
Esta situación plantea una pregunta clave: ¿cómo es posible que sigamos desmantelando las competencias de un cuerpo de seguridad como la Guardia Civil, que durante décadas ha demostrado su profesionalidad y eficacia en la gestión del tráfico y en la seguridad vial?
La Guardia Civil de Tráfico es un pilar fundamental para garantizar la seguridad en nuestras carreteras. Su labor no solo es reconocida en el ámbito nacional, sino también a nivel europeo. Su experiencia, formación especializada y despliegue territorial han contribuido de manera decisiva a la reducción de la siniestralidad vial en España, situándonos como un referente internacional en esta materia.
Es imprescindible recordar que la seguridad en las carreteras no debe ser moneda de cambio en negociaciones políticas o acuerdos de investidura. Las decisiones en este ámbito deben responder exclusivamente a criterios técnicos, de eficacia operativa y de mejora del servicio al ciudadano.
Tampoco resulta viable económicamente crear un nuevo cuerpo en lugar de fortalecer el ya existente, ya que esto implicaría un costo significativamente mayor, financiado a través de presupuestos que son aportados por todos los ciudadanos.
La fragmentación de competencias sin un marco claro de coordinación puede generar desigualdades territoriales, duplicidades y, lo que es más grave, una merma en la seguridad de todos los españoles.
Por ello, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que reflexionen sobre el impacto de estas decisiones y trabajen en la defensa de un modelo de seguridad vial cohesionado, donde la Guardia Civil siga desempeñando el papel que le corresponde. No podemos permitir que la desarticulación de sus competencias se normalice como una práctica aceptable.
La seguridad de nuestras carreteras y el reconocimiento de la labor de los cuerpos de seguridad del Estado deben estar por encima de cualquier interés político. Actuar ahora es clave para evitar que esta tendencia continúe extendiéndose y debilitando a una institución que ha sido, y debe seguir siendo, un baluarte de la seguridad en España.
Trocear la seguridad en diecisiete partes no beneficia a nadie y nos perjudica a todos los ciudadanos.
Por la seguridad vial, por la Guardia Civil, por todos los ciudadanos.
https://www.aprogc.es/wp-content/uploads/2024/12/Defensa-de-las-competencias-de-la-GC.pdf
