La lucha contra la inmigración ilegal y las mafias que las sostienen es una de las misiones más importantes que los guardias civiles tienen encomendadas en Melilla, sin embargo el tradicional conflicto moral que se dirime entre primar el derecho de los ciudadanos europeos a disfrutar de una auténtica SEGURIDAD CIUDADANA frente a los DERECHOS HUMANOS de los ciudadanos de países subsaharianos que ven en Europa un mejor horizonte, está haciendo mella en muchos de los guardias civiles que se enfrentan a diario a este problema, cuando desde algunos sectores de la sociedad melillense, comienzan a cuestionarse públicamente la legalidad de sus actuaciones.
Entre otras, la supuesta aparición en medios de comunicación de un video en el que una embarcación del GEAS remolcaba una patera y su posterior valoración por PROIDEN como actuación ilegal, llegó a causar gran malestar e incertidumbre en algunos guardias civiles.
Tras alguna campaña de desprestigio por la actuación de los guardias civiles de Melilla respecto del fenómeno de la inmigración ilegal, que APROGC Melilla denunció públicamente en varias ocasiones, los componentes de la Delegación de APROGC en esa Ciudad Autónoma, se marcaron una hoja de ruta que pasaba por la celebración de una jornada de formación en materia de inmigración y la elaboración de las presentes conclusiones al objeto de contribuir a eliminar cualquier tipo de duda sobre la legalidad de nuestras actuaciones.
La jornada de formación se celebró en el mes de mayo con un enorme éxito, gracias sobre todo a la presencia como ponentes de tres grandes expertos en inmigración ilegal. Del desarrollo de esta jornada les mantuvimos informados.
La conclusión final de APROGC Melilla es que la READMISIÓN de inmigrantes que acceden ilegalmente a España a través de Marruecos puede convertirse en la mejor herramienta para luchar contra la inmigración ilegal y las mafias que la favorecen y se lucran con ella.
Concretamente, la aplicación del PROCEDIMIENTO ACELERADO DE READMISIÓN recomendado por el Consejo de Europa en 1995, eliminaría las dudas sobre la legalidad de nuestras actuaciones y ayudaría eficazmente a disminuir el efecto llamada.
Les adjuntamos el documento completo de las conclusiones de aquella jornada de formación, argumentado en la legislación existente y en una muy interesante interpretación de la Fiscalía General del Estado.
También han sido muchos los medios de comunicación que han reflejado las conclusiones de la jornada.
