La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha remitido escrito a todos los Grupos Parlamentarios, proponiéndoles una modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
La seguridad vial constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad pública. En este ámbito, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad resulta esencial para la prevención de siniestros y la lucha contra la delincuencia asociada al uso de vehículos a motor.
Sin embargo, en los últimos años se ha observado un incremento de conductas consistentes en eludir controles policiales mediante la huida deliberada, aprovechando la inexistencia de un tipo penal específico que sancione esta conducta de forma autónoma.
En el ordenamiento jurídico español, estas conductas deben reconducirse actualmente a tipos como:
- La desobediencia (artículo 556)
- La conducción temeraria (artículo 380 y ss.)
- o, en su caso, el atentado contra la autoridad.
No obstante, esta respuesta resulta insuficiente, fragmentaria y en ocasiones ineficaz, generando una percepción de impunidad que debilita la función preventiva de los controles policiales.
La huida ante un control policial:
- Supone una quiebra directa del principio de autoridad.
- Genera riesgos graves para agentes y terceros.
- Constituye, en muchos casos, un indicio de otras actividades delictivas (tráfico de drogas, conducción bajo efectos de alcohol o drogas, delincuencia itinerante).
Por ello, se considera necesario introducir un tipo penal autónomo, claro y proporcional, que refuerce la seguridad jurídica y el carácter disuasorio del ordenamiento.
La modificación que proponemos desde APROGC a los representantes de la soberanía no se limita a “mejorar” el tipo, sino que lo reubica de manera correcta dentro del sistema penal:
- lo configura como una desobediencia cualificada,
- introduce una gradación real de gravedad,
- evita solapamientos con otros delitos,
- refuerza las garantías derivadas del principio de legalidad.
“Eludir un control policial no puede ser una opción sin consecuencias. Esta reforma protege vidas, refuerza la autoridad y mejora la seguridad en nuestras carreteras.”
Madrid, a 6 de mayo de 2026
