Una vez mas desde APROGC queremos agradecer públicamente a COVITE los denodados esfuerzos que hace por preservar la memoria de TODOS los fallecidos por la mano de los terroristas de ETA. En esta ocasión queremos sumarnos a la iniciativa por la que solicitan que se prohíba el escrache contra la Guardia Civil de Oñate previsto para el próximo día 13 de junio, y promovido por el colectivo denominado Fan Hemendik («Fuera de aquí»), en el que pedirán que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abandonen el País Vasco y Navarra, usando términos utilizado durante años por ETA y su entorno para referirse a los agentes de la ley.
Resulta desconcertante el estado de impasividad en el que se encuentra inmerso el Gobierno de la Nación, cuando debieran ser los servicios jurídicos del Estado los primeros en dar los primeros pasos para exigir su prohibición. Creemos firmemente que este acto de coacción a la Guardia Civil se aleja excesivamente de la libertad de expresión, y se podría enmarcar claramente dentro de los artículos 510 y 578 del Código Penal, dado que es una clara incitación al odio y a la humillación de las víctimas.
APROGC quiere denunciar la total impunidad con la que la izquierda abertzale trata de denigrar a la Guardia Civil. Es intolerable que en una democracia del siglo XXI, quienes han colaborado con asesinos confesos, condenados y que siguen cumpliendo condenas, traten de humillar a sus víctimas sin que el Gobierno haga nada al respecto.
No se trata solamente de una cuestión de dignidad, sino más bien de Justicia. El Gobierno de España no solo está obligado a proveer de medios personales y materiales al Instituto Armado, sino que además debe velar por el buen nombre de la Institución, la mejor valorada por todos los españoles, no lo olvidemos. Y no se debe olvidar tampoco que en ese cuartel viven esposas e hijos de los agentes que no tienen por qué sufrir un acoso injusto y cruel.
Por todo ello APROGC exige la inmediata intervención del Gobierno en este asunto y que se depuren las correspondientes responsabilidades penales, ya que no deberían forzar a las Asociaciones de la Guardia Civil a denunciar en los tribunales este tipo de hechos, cuando lo puede y debe hacer de oficio el propio Gobierno .
Madrid, 03 de junio de 2015.
