Nos desayunamos hoy con dos noticias importantes que merecen una reflexión de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), ya que es mucho lo que está en juego, y se está intentando manipular a los ciudadanos y a las fuerzas políticas; un sindicato policial pide la unificación con la Guardia Civil (una vez más), mientras que se cesan a dos comisarios (otra vez los comisarios) por ir tomando posiciones con el principal partido de la oposición (PSOE). Ambos asuntos en el fondo están relacionados.
La independencia y neutralidad políticas de los cuerpos policiales, algo que solo garantiza la Guardia Civil que lleva más de 170 años sirviendo a los ciudadanos de manera ininterrumpida y con cualquier tipo de gobierno y régimen político, son fundamentales en democracia. El uso político de las policías es uno de los mayores atentados a la libertad y a la democracia. “Solo en regímenes autoritarios existe una policía con fuerte componente partidista” se podía leer en artículos de opinión hace unas semanas tras conocer que otros comisarios de policía se habían reunido en una cafetería con un alto responsable político del PP para tratar asuntos no claros, grabando la conversación de manera encubierta que se difunde años después a los medios con finalidad política. Estos episodios recientes, y otros muchos acaecidos en los últimos años, nos llevan a conclusiones muy graves que algún analista ha titulado como “un problema de calidad democrática propio de un sistema enfermo y de una democracia de baja calidad que requiere una regeneración completa del sistema democrático que vivimos actualmente”. La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) comparte totalmente este diagnóstico. La democracia, las instituciones, los ciudadanos no pueden permitir bajo ningún concepto que haya funcionarios policiales que actúan al margen de la ley, que acumulan conversaciones grabadas durante años y las emplean con fines particulares, que guardan en cajones minutas con información sensible, que se pegan puñaladas entre ellos utilizando los recursos y la información oficial que manejan, que sean abiertamente “de un partido político” y ejerzan como tal, cesando al que “coquetea” con la oposición; resumiendo, que trabajan para sus propios intereses y no para el ciudadano.
Esta es la situación actual, y esto es lo que pretende acallar el SUP hablando de unificación policial para “conseguir una profunda renovación en la Policía Nacional”. Los problemas antes descritos, más los que expone el SUP (pruebas de ascenso viciadas por el tráfico de influencias y prevaricación, puestos de trabajo “políticos”, medallas injustas, etc.), no se solucionan fusionándose con la Guardia Civil. Que no distraigan la atención.
El SUP, y a no tardar mucho se le unirá también la AUGC de Guardia Civil, pretende con la quimera de la unificación ostentar todo el poder sindical para dirigir desde esa posición la política de seguridad del país. Y que el Cuerpo Nacional de Policía sea cuerpo único y por lo tanto no tenga contrapeso, ni nadie que le pueda fiscalizar o compararse con lo que hacen. Es en el modelo policial dual (Guardia Civil y Policía) dónde se asegura que los desmanes y presiones que un cuerpo pueda ejercer sobre el poder político, y sobre el ciudadano, quedan en gran medida minimizados por la presencia del otro cuerpo. Si la grave situación actual arriba narrada se produjera en un estado con un único cuerpo policial, su capacidad de presión y desestabilización del sistema democrático sería infinitamente mayor, casi absoluta. ¿Pretenden eso los que piden la unificación? La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) piensa que sí, y por ello reclama inteligencia a los políticos y a los ciudadanos. Lo hemos dicho en varias ocasiones, un estado como el nuestro con una única policía estatal, y con un sindicato profesional poderoso (el que ya tienen publicitado SUP y AUGC) les otorgaría a unos y a otros todo el poder de organizar y dirigir la seguridad de todos los españoles, según sus propios intereses. El modelo actual, idéntico al de varios países de nuestro entorno, funciona bien, hay que corregir algunas deficiencias (la principal es el menosprecio de los políticos hacía los guardias civiles en beneficio de los policías), pero básicamente es bueno, aunque mejorable. Querer cambiarlo es un objetivo de los que pretender alcanzar poder, todo el poder, no mejorar la seguridad de los españoles. Que no engañen a nadie.
16 de junio de 2015
