LOS GUARDIAS CIVILES DE LA OPERACIÓN “GALGO”

4 de octubre de 2011

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que defiende los intereses personales y profesionales de los guardias civiles, pretende también preservar el buen nombre y prestigio de la Guardia Civil. Una operación contra el dopaje y el tráfico de sustancias prohibidas, la denominada “Operación Galgo”, está dañando grave e injustamente la imagen del Cuerpo y se está convirtiendo en una pesadilla para los agentes del Cuerpo que la llevaron a cabo.

Nuestra asociación profesional no va a ejercer desde aquí la defensa jurídica de los que participaron en ella, ni va a aportar las múltiples pruebas que, de seguro existen, y que demuestran su inocencia y su inmaculado proceder; a alguien le tocará intentar demostrar su culpabilidad: así funciona nuestro Estado de Derecho, con pruebas y no con insinuaciones y cabalísticas deducciones.

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) no sólo cree firmemente en la presunción de inocencia de los agentes ahora cuestionada y los defiende. Más aún: tiene total seguridad respecto al buen proceder profesional de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial del Cuerpo, y lo hace por múltiples razones. Citamos algunas:

La investigación fue, desde el inicio y hasta hoy, coordinada y dirigida por un Juzgado de Instrucción de Madrid. Estamos seguros de que los guardias civiles NO han dado ningún paso, ni han tomado iniciativa alguna sin la preceptiva autorización y tutela de un Juez y un Fiscal. Los guardias civiles actúan siempre como Agentes de Autoridad y quien decide en última instancia realizar tal o cual diligencia (entrada y registro, escuchas telefónicas, análisis, etc.), que una prueba sea incorporada al sumario, es el Juez de Instrucción correspondiente; las órdenes de detención también. Otros jueces (no el Juez Instructor) serán los que juzguen y valoren todas las pruebas existentes.

La investigación siempre ha tenido una base probatoria sólida. Esta está sustentada, como estamos conociendo a través de los medios, en múltiples pruebas halladas que involucran en diverso grado a tantas personas imputadas; de hecho, hay varias personas formalmente acusadas de los delitos inicialmente presupuestos. La Fiscal competente así lo ha entendido y corroborado con sus actuaciones en el curso de la investigación, y con los varios recursos que ha interpuesto contra diversas decisiones de la Jueza Instructora. La opinión pública tiene que saber que en este proceso varios de los autos anteriores de la Juez instructora fueron recurridos por la Fiscalía, que tiene como misión legal precisamente “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad”. Por ello no nos cabe duda en cuanto a que durante meses esa investigación se desarrolló con el celo y la profesionalidad que la UCO y los agentes que la forman nos tienen demostrados.

La atleta Marta Domínguez es una más entre las personas inculpadas. Las acciones que se llevaron a cabo sobre su persona y domicilio siempre fueron ordenadas por la Jueza Instructora por existir indicios racionales de culpabilidad que ésta siempre entendió suficientes y de peso como para mantener abierta la investigación los meses que duró.

En una estructura piramidal y jerarquizada como la Guardia Civil, y en una operación de esta envergadura, la conspiración que presumiblemente aquellos agentes habrían cometido -según se dice ahora- debería contar con la complicidad o participación activa de un número ingente de guardias civiles, de todos los empleos, cargos y funciones. Pensar en la viabilidad de esa trama supone tanto como entender que la estructura integra de la Unidad, de varios centenares de agentes, participa de ese forma de interpretar su trabajo; delinquiendo de forma dolosa y deliberada. Esto es algo que se nos antoja irracional e impropio de una institución como la Guardia Civil que ha hecho del honor e integridad de sus miembros una norma de actuación; y cualquiera que conozca mínimamente su labor diaria sabe que más que irreal, esa hipótesis es delirante. Quien conozca a la Guardia Civil no puede albergar la más mínima duda.

Todos los agentes de la Guardia Civil, y más los miembros de la Policía Judicial, actúan siempre bajo el mandato de la Ley y sólo en cumplimiento de la Ley. El cumplimiento de órdenes ilegales NO cabe en su actuar, menos aún cometer delitos dolosos para imputar delitos a personas inocentes.

Los guardias civiles, la Guardia Civil, su Policía Judicial en la España actual, abominan de semejantes métodos y procedimientos. Jamás actúan como instrumento político. Esto es un hecho contrastado que ha contribuido a que la Institución sea considerada como la Policía del Estado de referencia y la institución mejor valorada por los ciudadanos.

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) desea que se esclarezcan cuanto antes las acusaciones que están sembrando dudas sobre la actuación de la UCO y sus agentes porque creemos en el Estado de Derecho, que significa que la Justicia debe imperar y los jueces obrar libremente sin atender a presiones o amenazas, sometidos únicamente al imperio de la Ley. Así ha de ser no solo para la tranquilidad de los Agentes que ahora creemos injustamente tratados, sino también para la tranquilidad de la propia sociedad. Todos los ciudadanos tienen derecho a saberse seguros y confiar en que cuando los guardias civiles investigan un delito y detienen a un delincuente, lo hacen en el marco de la más estricta legalidad y bajo el mandato judicial.

Por último, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) pide respetuosamente a los agentes políticos que NO UTILICEN a la Guardia civil en sus disputas electorales, el rédito que pudieran sacar a corto plazo no merecería el daño gratuito que harían a la Institución que luego tendrían que dirigir.