La Guardia Civil, como Institución, está siendo atacada. La falta de respuesta institucional hace impune este ataque. Los gritos lanzados desde Marinaleda instando a ¡Matad a un puto guardia civil esta noche! ¡Iros a otro puto pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno!, o la emboscada en Algeciras donde nueve guardias civiles fueron agredidos por unas 40 personas que estaban celebrando una comunión en el Rinconcillo, son solo un ejemplo.
Muchos de los ataques quedarían sin reproche penal de no ser por la iniciativa particular de los agredidos, asociaciones profesionales u otros colectivos.
La mayoría de estos ataques, aunque sea en el marco de una basura de canción, no se pueden amparar en la libertad de expresión, como ahora pretenden hacer valer desde ciertos sectores de la sociedad.
Esta responsabilidad también se presupone cuando el hostigamiento se centra en guardias civiles en concreto, o sus familias, por el simple hecho de cumplir con su deber en el ejercicio de sus funciones como guardias civiles. A los efectos perniciosos del ataque, hay que añadir, una sobreexposición social de estos agentes en caso que decidan denunciar el daño que están sufriendo junto a sus familias. En el caso de que lo hagan, se les somete a una doble victimización por ser guardias civiles durante el proceso judicial; y sólo por intentar defender a una Institución desamparada desde los poderes públicos. Y si no se hace, como ocurre en ocasiones, la impunidad está servida.
En APROGC consideramos que existen herramientas en nuestro ordenamiento jurídico para acabar con esta situación insólita en democracias de nuestro entorno. Según el Estatuto del Ministerio Fiscal, corresponde a éste “velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades con cuantas actuaciones exija su defensa.” (Capítulo II, Artículo 3). De esta manera, en APROGC instamos a que ante ataques dirigidos desde cualquier medio a la Guardia Civil como Institución, o sus componentes, por ejercer sus funciones, el Ministerio Fiscal actúe de oficio sin esperar la interposición de denuncia o querella por parte de personas físicas o jurídicas.
Guardias Civiles somos todos, y todos tenemos derecho que se defienda la Institución a la que pertenecemos. Si nos atacan a uno, nos atacan a todos. Y si nos atacan a todos, nos atacan a cada uno de nosotros. “Matad a un puto guardia civil esta noche” no puede salir gratis.
