Que en una sentencia se establezca que en la Guardia Civil se puede cesar a cualquiera que esté en un puesto de libre designación únicamente con el hecho de que, quien tiene potestad para destinarlo o cesarlo diga que ha perdido la confianza en él, sin que sea necesario explicitar los motivos que hay detrás de esa pérdida de confianza y, lo que es peor, en el caso de que se conozcan esos hechos y sean falsos o ilegales carecieran de relevancia porque según los criterios de esta sentencia, el control jurisdiccional no debe entrar en los motivos que hay detrás de la pérdida de confianza, supone arrasar con los derechos profesionales que los Guardias Civiles se han ganado a través de los años, mermando además nuestra seguridad jurídica y llevándonos directamente de vuelta al siglo XIX.
Particularmente inaudito, resulta el hecho de que estos criterios sólo lo sean para el conjunto de Guardias Civiles, ya que la peculiar doctrina establecida en esta Sala, no es de aplicación al resto de funcionarios públicos que ocupan puestos de libre designación, a quienes según una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, sólo se les puede cesar por medio de resoluciones bien motivadas.
Entendemos pues, que cualquier Guardia Civil, puede ser cesado por absolutamente cualquier motivo, porque aunque la causa sea de lo más surrealista que pueda pasar por nuestra mente y así conste en el expediente de cese, estará bien cesado y no podrá recurrir, porque los motivos de esa pérdida de confianza serán subjetivos y quedarán a la libre apreciación de quien dispone el cese, sin estar sometidos a control jurisdiccional alguno.
En este punto cabe preguntarse….
¿Se están poniendo en peligro los miles de puestos de trabajo que están ocupados ahora mismo por Guardias Civiles de diferentes empleos de libre designación?
¿Se pretende terminar con los valores totalmente arraigados de la Guardia Civil en pos de la ciudadanía?
¿Se está pretendiendo convertir al conjunto de Guardias Civiles en ciudadanos de segunda?
A la confianza de “quién” nos debemos deber para no ser cesados. ¿A la de nuestros mandos inmediatos? ¿A la de Jueces o Fiscales? ¿A la de autoridades Administrativas? Los guardias civiles, que nos dejamos la piel por defender la libertad y los derechos de los ciudadanos, no. Sólo nos debemos a la Ley, de momento, a la única confianza a la que nos debíamos.
Desde APROGC, como garantes de los valores que corresponden de la Institución, y a los Guardias Civiles que la forman, no vamos a permanecer impasibles, cuando se está intentando atentar contra nuestros propios derechos y nuestra deontología profesional.
16 de septiembre de 2021
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