“Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo…”
APROGC nació a finales de 2010, marcando entre nuestros fines preservar la identidad y naturaleza propia de la Guardia Civil y la defensa de los intereses sociales, económicos, familiares y profesionales de todas las personas que forman parte de la Guardia Civil.
La actualización 3 de la Estrategia de Vacunación COVID-19 en España, contempla como grupo de población a vacunar, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por su función esencial para la sociedad y por la dificultad de sustituirlos, estando establecido, que la gestión de la vacunación recae en las diferentes comunidades autónomas.
Por este motivo, desde APROGC no podemos quedarnos impasibles cuando las instituciones, juegan con los derechos de los guardias civiles así como de sus familias, en este preciso momento de emergencia sanitaria, como es el caso ocurrido en la comunidad autónoma de Cataluña, donde por parte de la Consejería de Sanidad de la Generalitat, se ha excluido del proceso de vacunación a la Guardia Civil, tan sólo por el hecho de serlo, como así se demuestra con los datos ofrecidos, donde por parte de ese organismo de la administración autonómica, se ha vacunado al personal de las policías locales y autonómicas, pero no al personal de las FCSE, poniendo en riesgo, no sólo a las familias de este colectivo, sino también a la ciudadanía en general.
Por lo anteriormente expuesto comunicamos la presentación de la correspondiente denuncia por parte de nuestros servicios jurídicos contra la persona responsable de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña.
Madrid 23 de abril de 2021
