La Guardia Civil ha sido siempre un cuerpo obediente y un ejemplo policial aislado de no deliberancia. Las conspiraciones no son lo nuestro, ni la evaluación de lo que hacen o deshacen los gobiernos bajo cuyas directrices cumplimos nuestras funciones. Ni más ni menos, estamos para cumplir y hacer cumplir la Ley sin interferir en los legítimos cambalaches de la política y de los políticos.
Los guardias civiles queremos seguir cumpliendo y haciendo cumplir la Ley, igual que los jueces y magistrados seguir interpretando y aplicando la Ley y haciendo ejecutar las sentencias. Para ello, hoy tenemos que hablar alto y claro. Nos lo exigen un mandato constitucional, moral y con el ciudadano.
En primer lugar, el artículo 104 de la Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana. En segundo lugar, la forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como militares que somos: estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional.
Nuestro estatuto deja nítido este mandato, que sabemos no está exento de crítica por algunos. En este sentido, tras las purgas políticas de al menos seis coroneles y dos tenientes coroneles, con manifiesto desprecio de la legalidad y la tradición, los guardias civiles no podemos decir que la prosperidad de la arbitrariedad como forma de gobierno sea una sorpresa. Así, se impuso el silencio hace tres años, como en otras instituciones antes o después ha ido sucediendo, infundiendo miedo a hablar en la Guardia Civil. Aunque, todo sea dicho, el fin principal de sus promotores era más bien distraer nuestra actuación precisamente del interés general y el servicio al ciudadano. Sin embargo, los guardias civiles de APROGC hoy consideramos ineludible expresarnos en estas líneas, ante lo que se anuncia.
Los guardias civiles observamos el pacto publicitado con profunda preocupación. Consideramos que pretende vaciar de contenido la misión constitucional que tenemos encomendada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial. ¿De qué ha valido tanto sacrificio durante décadas en cumplimiento de nuestra misión constitucional si al final nuestros jefes políticos traicionan toda la sangre derramada y todo el esfuerzo realizado por los guardias civiles, por los policías y por los jueces y fiscales en los últimos 40 años? ¿Cómo vamos a creer en que deberemos y podremos hacer cumplir la ley ante este mensaje de impunidad y fomento de la desatención de las normas?
La Ley es igual para todos, mantiene el orden y permite a la ciudadanía residir en paz y en libertad, sin temor a sufrir desigualdad. Sin embargo, se pretende instaurar la ley del más poderoso. ¿Si nuestros máximos responsables no se someten a los principios fundamentales del Estado de Derecho, cómo se pretende que el ciudadano lo haga?
En este contexto, tampoco se puede obviar lo incomprensible de que los guardias civiles tengan que prestar servicio en condiciones precarias, desde acuartelamientos centenarios que se caen en pedazos; mientras bajo un interés político de enigmático encaje en el interés general se canjean inversiones por sillones.
Desde el punto de vista de la seguridad pública, cabe reseñar que la historia evidenció hace 46 años que la amnistía a condenados por terrorismo no hizo más que reafirmar su vocación y aumentó el número de atentados. Los antecedentes en ciencia policial no animan precisamente a descartar una nueva crisis de convivencia y quiebra del Código Penal en todas sus posibilidades en Cataluña.
Como siempre, los guardias civiles, en este caso los de APROGC, seguiremos siendo fieles a la Constitución y seguiremos cumpliendo, por encima de cualquier otra prescripción tintada que podamos recibir, los mandatos que recibamos de los jueces y tribunales, como se nos exige legalmente y por la ciudadanía. Sobre cualquier otra instrucción, prevalecerá siempre el cumplimiento de los mandamientos y las resoluciones judiciales.
En este orden, desde APROGC contemplamos con fe y optimismo la defensa del Estado de Derecho exteriorizada por los representantes de la Carrera Judicial, como barrera frente a inspiraciones totalitaristas. Hay una responsabilidad histórica que alcanza de lleno a altas instituciones del Estado y, especialmente, a nuestro Tribunal Supremo. Quienes tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que solo la Administración de Justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado.
Con enorme tristeza y desolación, los guardias civiles nos preguntamos cuándo volveremos a tener jefes que se sometan al imperio de la Ley en lugar de estudiar sus fisuras. Mientras tanto, observamos esperanzados el compromiso y tenacidad del Poder Judicial para mantener su independencia y esperamos que encuentre el camino para preservar el Estado de Derecho. En su labor encontrarán nuestro firme e indudable compromiso, en aras de garantizar la igualdad ante la ley y su aplicación, especialmente ante quienes sistemática y arbitrariamente demuestran vocación de situarse por encima de todos y la ley.
