Seguimos con un cierto hartazgo las viejas y gastadas declaraciones de una guardia civil destinada en Navarra sobre supuestos episodios de acoso laboral hacía ella y su familia. Hoy la vemos en un nuevo medio de comunicación aprovechando el “tirón mediático” de ese reprochable tipo delictual, reprobable cuando es cierto. Un prestigioso medio como El Mundo podía haber sido más riguroso, documentarse sobre este hecho en todo su alcance, y no dejarse llevar por el amarillismo de nuestra compañera. La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) le va a ayudar con algunas informaciones que igual sirven para aclarar los hechos y ruborizar a algunos. No queríamos ponernos a la altura de nuestra compañera pero pensamos que su victimismo empieza a hacer daño a la Guardia Civil de manera totalmente injusta; nos hubiera gustado que fuera el propio Cuerpo oficialmente quien asumiera la defensa del buen nombre de la Institución, y a quien APROGC ya se lo ha pedido expresamente en carta dirigida a su Director General. Aquí exponemos la realidad de la fabulación interesada de la Guardia S.A; hechos todos ellos objetivos y totalmente comprobables por quien quiera hacerlo.
Con respecto a la noticia publicada en la página digital del diario EL MUNDO respecto a la supuesta situación de acoso vivida por la guardia civil Silvia Argos en Navarra se indica:
- Cronológicamente, la sanción que dice le impusieron a su marido por diferencias con un superior obedece a otro motivo, que es públicamente conocido y del que incluso existen referencias informativas: un incidente que protagonizó de madrugada, fuera de servicio, en un local de Navarra, junto con otros guardias civiles de distintas unidades que también fueron sancionados. Miente interesadamente acusando a otro guardia civil (mando) quizás para ocultar la vergüenza del hecho, o sencillamente para aderezar su imaginario caso de acoso laboral.
- Menciona su paso por la Oficina de Prensa de la Comandancia, dónde indica que la echaron después de 4 años. La realidad es que estaba en ese puesto de trabajo en “comisión de servicio” (no destino en propiedad), y tras llevar más de tres meses de baja laboral y ser un trabajo que requería necesariamente ser atendido, fue ocupado el puesto por otra persona. La realidad es que desde que se dio de baja en enero de 2013 no ha vuelto a trabajar.
- Indica que, dentro del supuesto acoso, fue cambiada de destino al Puesto de Beriain, también en Navarra. Se trata de otro hecho falso, ya que el cambio de destino fue solicitado de manera voluntaria por ella, no llegándose a incorporar a esa unidad de seguridad ciudadana ya que estaba, y continúa, de baja para el servicio.
- Denuncia acoso y atentado contra sus hijos. Dice que a la vez que los mandos de Navarra denunciaban a su hija ante la Fiscalía de Menores la sancionaban a ella por los mismos hechos. Se trata de otra falsedad. Pero al tratarse de hechos en los que están implicados menores, por respeto, no vamos a entrar en este asunto; quien quiera puede indagar y conocer la verdad.
- La denuncia por acoso laboral presentada por esta guardia civil ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Pamplona ha sido archivada, estando al parecer dicho archivo en la actualidad recurrido. En realidad, todos los pleitos judiciales le han sido esquivos.
Creemos haber dado información suficiente para que todo el mundo se haga una idea de lo que aquí está ocurriendo. Queda suficientemente probado y así se ha ido dilucidando en los diferentes ámbitos en los que han denunciado, que no ha existido ningún tipo de acoso hacia nuestra compañera ni hacia su marido. Pedimos rigor y objetividad a todos; el buen nombre, prestigio profesional, y responsabilidad personal y judicial de varios guardias civiles está en juego. El buen nombre de la Guardia Civil y de todos los guardias civiles no puede mancharse cuando no hay motivo para ello. Los delitos relacionados con el acoso son muy serios para tomárselos a la ligera. La utilización abusiva y malintencionada del delito de acoso laboral (y de cualquier tipo de acoso) tienen una primera víctima, el conjunto de personas que realmente sí sufren ese delito, que merecen una especial protección y sobre las que alguien tendría la tentación de dudar. Los derechos se defienden en los tribunales, no en los medios de comunicación. A los medios de comunicación les pedimos una sola cosa: profesionalidad, no amarillismo.
23 de abril de 2015
