El 8 de noviembre, el Gobierno aprobó cuatro ascensos a General de Brigada de la Guardia Civil. No sería noticia si no fuese porque con ellos se consolida de forma contumaz la arbitrariedad en un asunto tan importante como es la promoción profesional en un cuerpo clave para el funcionamiento del Estado y para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Para entenderlo, hay que hacer algo de memoria y repasar lo que ha sucedido con los ascensos de los tres últimos años, que afectan ya a más de la mitad de los generales de Brigada. Ni más ni menos, el Ministro del Interior ha ninguneado al Consejo Superior de la Guardia Civil -órgano de evaluación, cuyo informe es preceptivo- y en su propuesta para el ascenso, una vez más, ha alterado de forma poco comprensible el orden de prelación acordado por el órgano competente tras evaluar todos los méritos acreditados por los coroneles a lo largo de una carrera de más de treinta años de duración. Sin duda, el Ministro del Interior tiene sus propios criterios, y la Ministra de Defensa, que realmente es a quien compete legalmente asumir la dirección y la responsabilidad sobre los ascensos en la
Institución Militar, se ha limitado a trasladar sin más al Consejo de Ministros lo que le propone Interior.
Y claro, sucede lo que sucede: en nada se parece cómo se están produciendo los ascensos en la Guardia Civil desde 2020 a cómo se asciende en las Fuerzas Armadas ni a cómo se había venido ascendiendo en la Guardia Civil en los 175 años precedentes. Caminamos hacia el «ascenderá quien yo diga», sin más.
A poco que se indague, se comprobará que la última docena de ascensos se ha producido con un desorden inexplicable, con total desprecio de los principios legales de mérito, capacidad e idoneidad establecidos por las leyes, que deben ser evaluados conforme a criterios objetivos. No se ha guardado el debido respeto a la Institución ni a quienes encarnan por encima de todo su máxima representación profesional: el Consejo Superior, órgano colegiado integrado por todos los generales en activo. Es este reducido grupo de mandos quien determina, tras un largo proceso, el orden de prelación para el ascenso de todos y cada uno de los coroneles que son evaluados, pero a la Directora General, que preside ese órgano, parece que no le convence lo que aprueba. Igual que el Ministro del Interior, tiene sus propios criterios, asesorada por no se sabe quién…
Esta práctica, que sólo es hábito desde hace poco más de dos años, va dejando en el camino a personas reconocidas oficialmente como las más válidas, trasladando así una tremenda inseguridad jurídica a toda la organización. Quienes vienen detrás se preguntan qué hay que hacer para merecer el ascenso al generalato, pero no hay respuesta posible. Afortunadamente, de momento, tampoco parece que los ascensos se hayan debido a afinidades políticas. Eso, insistimos que «de momento», está fuera de toda duda, pero sí está claro que los ascensos se deben a motivos y criterios distintos de los legal y reglamentariamente establecidos. Tampoco cuestiona nadie ni la capacidad ni la profesionalidad de los ascendidos en los últimos años. Todos los nuevos generales son grandes profesionales, pero esa no es la cuestión. Por supuesto, en un Cuerpo de excelencia, como es la Guardia Civil, casi cualquiera de sus coroneles será a buen seguro un buen general, pero el orden, ha de ser el orden. Y el orden establecido por el órgano de evaluación profesional no debería ser arbitrariamente ignorado o despreciado por los políticos coyunturales del momento.
APROGC denuncia públicamente esta situación porque de seguir por estos derroteros se verá sin duda mancillado el prestigio de lo que es y significa ser general de la Guardia Civil y se podría ver afectada la credibilidad de una Institución, nuestra Guardia Civil, que hasta la fecha podía presumir de independencia y autonomía para promocionar a los que acreditaran ser más capaces por los méritos acumulados en una noble y larga competencia de décadas de servicio en condiciones de igualdad de oportunidades. Así las cosas, cuando menos, cabe preguntarse si lo que está sucediendo es lo que se merece una Institución casi bicentenaria que es de todos y para todos: nuestra Guardia Civil.
