APROGC recibe con satisfacción la reciente sentencia del TEDH, que supone un espaldarazo a las actuaciones de los Guardias Civiles de Melilla y Ceuta en su lucha contra la inmigración ilegal. Así, la sentencia, adoptada por unanimidad de los 17 Magistrados del Tribunal, reconoce que España no viola ninguna Convención al rechazar a Marruecos a los inmigrantes que intentan cruzar violentamente las vallas de Ceuta y de Melilla.
APROGC lleva años clamando en el desierto, contra viento y marea, defendiendo que las actuaciones de los guardias civiles son legales y por enésima vez los tribunales nos vuelven a dar la razón.
Y ¿Ahora qué? ¿Qué nueva campaña de difamación van a dirigir las ONGs de turno contra los guardias civiles de Ceuta y Melilla? ¿Qué otras organizaciones van a prestarse esta vez para bailarle el agua a quienes no hacen otra cosa que utilizar las subvenciones públicas para arremeter contra los Guardias Civiles?
Exigimos que se disculpen públicamente todos aquellos que han puesto en duda sistemáticamente la legalidad de nuestras actuaciones en frontera, que aquellos que se han servido de fondos públicos para tales fines organizando ruedas de prensa, conferencias e informes forenses amañados devuelvan el dinero malgastado y a aquellos medios de comunicación que informan sin ningún rigor dando por hecho que nuestras actuaciones en frontera son ilegales les exigimos una rectificación inmediata.
Todas y cada una de las causas judiciales seguidas contra los compañeros de Ceuta, Melilla y GRS han sido archivadas sistemáticamente, tal y como desde APROGC viene defendiendo. Las ONGs nos han denunciado nada más y nada menos que por prevaricación, lesiones, trato degradante, homicidio… y al fin… NADA DE NADA.
Eso sí algunos continúan manoseando el buen nombre de la Guardia Civil haciendo una asquerosa utilización del problema de la inmigración según les conviene. Así había quienes decían que la actuación de los compañeros en el Tarajal, en Ceuta, era indefendible y quienes se mofaban de la legalidad del rechazo en frontera tratando de datar la entrada de los inmigrantes en función de que hubiesen pisado o no suelo español.
La utilización de la inmigración ilegal perjudica los intereses profesionales de los guardias civiles y solo podrá evitarse si, como venimos pidiendo desde hace años desde APROGC, las fuerzas políticas firman un Pacto de Estado de Inmigración en torno al Acuerdo de Readmisión de 1992 firmado con Marruecos, que permita que los inmigrantes sean identificados, asistidos sanitariamente, atendidos por un abogado, estudiada la eventual petición de asilo y dado el caso puestos en frontera en el menor tiempo posible.
Todos sabemos que nadie rectificará, nadie dimitirá, ni asumirá errores, ni pedirá disculpas. Pero nos queda el consuelo de poder felicitar, con más orgullo si cabe, a los hombres y mujeres que componen la Guardia Civil, a los desplegados en todo el territorio nacional y muy especialmente a los que han sido sometidos injustamente a procedimientos judiciales por su trabajo en las vallas de Ceuta y Melilla o en cualquier otra parte del territorio español, porque gracias a su callada abnegación y entrega, en las costas y fronteras españolas siguen reinando el orden y la Ley.
