SOBRESEÍDA LA CAUSA CONTRA LOS GUARDIAS CIVILES DE CEUTA

31 de octubre de 2019

 

Parece que por fin se ha visto la luz al final del túnel.

Un túnel que ha durado más de cinco años, desde que aquella noche del 6 de febrero de 2014, cuando entre 200 y 300 personas intentaban entrar ilegalmente en nuestro país a través de la frontera sur de Europa en Ceuta y quince de ellos perdieron la vida.

Para la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), estaba claro: los guardias civiles que aquella noche, desgraciada y trágica, cumplían con su labor en la playa del Tarajal, no incurrieron en ningún tipo de responsabilidad. Hace unos días lo dijimos (08-10-2019; PERSECUCIÓN A LOS GUARDIAS CIVILES DE CEUTA) y manifestamos nuestro total apoyo a estos y a todos los guardias civiles que desarrollan la difícil, y no siempre reconocida, labor de impedir el tráfico de personas y del contrabando a través de la frontera sur de Europa.

Han sido más de cinco años, dos causas judiciales. ambas archivadas, al no encontrarse valor incriminatorio en los informes de las ONGs denunciantes y considerar que no eran imparciales.

En esta tercera ocasión, se pedían para los guardias civiles hasta 58 años de prisión.

Por fin termina esta persecución hacia los guardias civiles. Aunque no ha sido la primera ni será la última en la que se acusará injustamente a los guardias civiles que tienen la difícil misión de proteger Europa.

Es el momento de reclamar al Ministerio del Interior que no permita que este acoso obsesivo quede sin el reproche judicial correspondiente. Ahora toca emprender acciones legales contra los que maliciosamente han causado este daño injusto a los guardias civiles inocentes. El Ministerio del Interior no puede dejar de defender a los guardias civiles ni permitir que queden impunes estas denuncias basadas en pruebas e informes confeccionadas a medida y con testimonios imposibles.

Y también es necesario recordar que desde APROGC venimos reclamando que nuestros gobernantes dejen de utilizar la inmigración como un arma política arrojadiza y que acuerden un pacto de Estado para blindar la actuación de quienes tienen la difícil e importante misión de impedir el tráfico de personas y del contrabando a través de la frontera sur de Europa.

31 de octubre de 2019