Hemos conocido la noticia de un proyecto de modificación del Régimen Disciplinario que, de confirmarse, afectará plenamente al funcionamiento de las asociaciones profesionales de guardias civiles. Los cambios que se quieren introducir no convencen plenamente a la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC).
La administración (que algunos trasnochados llaman cúpula militarista) intenta corregir los excesos e ilegalidades que algunas asociaciones han podido cometer, mientras a nosotros nos ha parecido que ha estado mirando para otro lado, dejando hacer, y engordando el problema por su inacción. Y en su afán por erradicar un problema serio quizás esté poniendo en peligro la razón de ser misma de las asociaciones. Lo explicamos.
La neutralidad política y sindical son exigencias legales para los guardias civiles, y además uno de los principales factores que han supuesto que la Guardia Civil sea respetada por todos, y que lleve 170 años formando parte de la historia de España como la verdadera policía del Estado, ajena a los vaivenes políticos. Algunas asociaciones han creído que estaban por encima de esa exigencia y se han dedicado a hacer política y sindicalismo: hablan de CCOO como su sindicato de referencia, tienen su sede en la sede de UGT, apoyan huelgas generales, colocan sus logos junto a logos de sindicatos y reciben su apoyo. Han vulnerado la neutralidad exigida, y APROGC lo ha denunciado públicamente sin que al parecer la administración hiciera nada: unos serían culpables por acción y otros por omisión. En este punto volvemos a exigir lo mismo que venimos reclamando desde nuestra creación, neutralidad política y sindical, y el que quiera dedicarse a la política que lo haga, pero colgando el uniforme verde. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la modificación formulada, y lo decimos sin amenazas, estridencias, ni complejos; hablando alto y claro.
Pero también creemos que la administración se puede pasar de frenada, y en su afán por corregir excesos haga imposible el funcionamiento de las asociaciones. Aquí también puede ocurrir que paguen justos por pecadores como ya es una realidad en el tema de las bajas médicas, y los abusos de aquellos (y todos los conocemos) que simularon enfermedades y prolongaron tiempos de recuperación. No podemos estar de acuerdo con la propuesta de que los miembros de una junta directiva tengan responsabilidad general y derivada de lo que hagan otros; nadie querrá formar parte de ningún órgano de representación. Se coarta la participación activa en el asociacionismo. La responsabilidad debe individualizarse en cada caso.
Y sobre la obligación de emplear el conducto reglamentario para la solicitud, reclamación o queja relacionada con el servicio la clave está en delimitar exactamente qué abarca la palabra “servicio” ya que en una concepción amplia el servicio lo es todo, y qué se hace cuando el conducto reglamentario no contesta ni atiende la petición. Se dan situaciones ridículas, y muy negativas desde el punto de vista profesional, como que una asociación salga a los medios diciendo que no hay personal suficiente para las patrullas de vigilancia nocturnas (se está dando información al delincuente) que efectivamente hay que impedir legalmente; pero hay otras demandas, que nos parecen que entran dentro de la finalidad de las Asociaciones, entre las que se encuentra la defensa de los intereses profesionales (el servicio), que no son irrespetuosos ni suponen daño alguno. Hay que delimitar claramente el vocablo servicio.
La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) elevará estas objeciones a la administración de manera clara, del mismo modo que lo hace sin complejo alguno. Hablamos claro, siempre.
