La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) felicita a los compañeros de la Policía Judicial (UCO) que tan brillantemente están contribuyendo, operación tras operación, a combatir la corrupción en nuestro país. APROGC se suma al reconocimiento de toda la sociedad (múltiples mensajes de agradecimiento llegan todos los días a través de nuestras redes sociales), y de las autoridades judiciales competentes, al trabajo bien hecho y esfuerzo continuado que esos buenos profesionales desarrollan. Hemos echado de menos el reconocimiento público de alguno de nuestros gobernantes y responsables políticos directos (Director, Secretario de Estado o Ministro); nos cuesta entender que con la reciente operación del cuerpo hermano deteniendo a un pederasta en Madrid (delito muy grave pero circunscrito a un barrio de Madrid) esos mismos responsables coparan los medios de comunicación loando –justificadamente tras ese excepcional trabajo- a esos investigadores, incluso premiándolos pocos días después con casi 50 medallas, varias de ellas con distintivo rojo, y todavía hoy los guardias civiles que llevan meses trabajando unos delitos más rocosos y graves para toda la sociedad española no hayan escuchado una sola palabra de agradecimiento. Los guardias civiles no merecemos ese trato.
Los guardias civiles que forman la policía judicial (unidades centrales y provinciales) trabajan mucho, muchísimo, y desde hace muchos años los medios son insuficientes para investigar la delincuencia que nos rodea; la crisis económica ha agudizado ese desfase entre los medios disponibles (personas y material) y los “clientes” a atender. Y con ello se convive, priorizando objetivos e investigaciones, y dando el doble de capacidad de uno mismo. Si ahora el objetivo de los gobernantes -y lo escuchamos a diario- es luchar contra la corrupción por ser un problema grave para el Estado, tienen que demostrarlo de manera práctica y real aumentando las plantillas del personal de policía judicial de esas unidades especializadas. Y esas plantillas y medios doblaran habría el doble de investigaciones, y el doble de corruptos dejarían de actuar; son matemáticas. Si no hay esos aumentos no hay voluntad real de combatir la corrupción. Aumentar las plantillas de jueces y sus técnicos en materia económica es una parte de la solución, pero poco se avanzaría si no va acompañada de un aumento equivalente de sus policías judiciales.
No somos optimistas en lo referente al aumento de guardias civiles especializados en luchar contra el crimen organizado y la corrupción, y tenemos motivos para ellos. No hay de donde sacar a esos guardias civiles. Hay que recordar que desde hace varios años NO SE REPONEN los guardias civiles que abandonan el cuerpo por diversos motivos (fundamentalmente retiro por edad); cada año hay menos guardias civiles para el mismo o más trabajo. Conclusión: damos menos servicio al ciudadano y de peor calidad. No entiende el Gobierno que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no son un GASTO, y por lo tanto es un error reducir costes en ese apartado; la seguridad es una INVERSIÓN, y más para un país que recibe a millones de turistas que demandan eso mismo, seguridad.
No entendemos tampoco que el Consejo de Ministros acabe de decidir incrementar del 10 al 100 por cien la tasa de reposición de efectivos en los cuerpos de policía autonómicos siempre que la comunidad autónoma en cuestión cumpla los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Eso significa que en esas autonomías las fuerzas de seguridad del Estado (que cada año van perdiendo efectivos al reponerse uno de cada diez agentes que causan baja) no podrán realizar sus cometidos como debieran, y en cambio la policía autonómica prestará sus servicios al cien por cien de su potencial humano.
La obligación del Gobierno es la estabilidad y reducción de la deuda a nivel global, y si considera que lo va a cumplir, debe aplicar esta norma también a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, en las mismas condiciones.
Ahora la balanza de seguridad en las comunidades autónomas con policía propia es más negativa para las fuerzas de seguridad estatales, y por lo tanto también para el Estado. Los ciudadanos de esas autonomías no podrán recibir igual servicio de la policía autonómica que del cuerpo estatal, en las competencias que cada uno tenga asignadas; el Estado verá mermada su presencia, su capacidad para ejercer sus obligaciones y también su prestigio. En definitiva, el Estado será menos estado en materia de seguridad. En aquellas autonomías donde hay competencias compartidas (Tráfico en la Comunidad Navarra) el desequilibrio será aún mayor, y se notará más la preeminencia de una policía sobre otra. Para evitar desequilibrios entre policías autonómicas y estatales es necesario que las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentren enteramente cubiertas.
Esta Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) considera absolutamente necesario reponer el 100 por cien de los guardias civiles que anualmente causan baja; no se puede prorrogar ni un año más sin esa tasa de reposición del 100 %. Solo así se podrán aumentar las plantillas de las unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, y esa es una necesidad imperiosa, y la demostración -casi la única- que tienen los gobernantes para demostrar su voluntad inequívoca de combatir esa lacra.
Madrid, 13 de noviembre de 2014.
