IRRESPONSABLE, INJUSTA, INTERESADA Y VENTAJISTA

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) deplora las manifestaciones efectuadas por la Consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Sra. Susana Díaz, en relación al informe policial efectuado por agentes de la Guardia Civil en el sumario conocido como de los ERE,s; las consideramos como graves acusaciones que atentan contra el honor, la imagen, la profesionalidad y la imparcialidad de los guardias civiles que han emitido ese informe.

Son declaraciones vergonzosas en boca de un alto responsable institucional de una administración autonómica del Estado. Esta asociación profesional considera irresponsable lo dicho por la Consejera autonómica. No ha medido las consecuencias que tienen para el honor y el prestigio de los guardias civiles, y de la Guardia Civil, unas declaraciones públicas tan graves y ofensivas. Cuestiona deliberadamente la profesionalidad e imparcialidad de los guardias civiles; y no podemos exculparla por ignorancia ya que la Consejera es Licenciada en Derecho, y debería saber que injuria en lo que dice. También debería saber la Consejera que los guardias civiles no acusan a nadie, han emitido un informe policial bajo la supervisión y coordinación de la jueza instructora, en base a lo contenido en el sumario. Ese informe puede y debe ser sometido al principio de contradicción durante el juicio oral, y es ahí donde la Consejera deberá intentar demostrar lo que ahora acusa públicamente, la nulidad del mismo, y los guardias civiles la validez de lo escrito. Y ante un tribunal que nada tiene que ver con la magistrada que hoy instruye. Ahí deberá la Consejera (la Junta de Andalucía estápersonada en el caso) aportar las pruebas que defiendan sus intereses y la verdad, o por lo menos sus intereses como institución; no en unas declaraciones a la prensa tras un congreso de partido.

La Asociación Pro Guardia Civil defiende a los guardias civiles que han emitido el informe de las injustas e interesadas palabras de la Consejera. Términos como inquisitorial, suposiciones, sinpruebas, mal tono, o sin rigor son en este caso totalmente inaceptables en boca de quien debería defender todas las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado; gusten o no, vayan contra sus intereses o no. La unidad de policía judicial de la Guardia Civil interviene en este sumario por orden de la Juez instructora, sustituyendo a otra unidad del CNP que hasta ese momento era la responsablede la investigación. Ni los guardias civiles, ni la Guardia Civil, tienen ningún interés en implicar anadie de manera injusta, ni tampoco orientar sus incriminaciones de manera no ajustada al contenido del sumario. La imparcialidad y la independencia política del Cuerpo han asegurado nuestra pervivencia a lo largo de casi 170 años, y así debe seguir siendo.

La Consejera aprovecha, sin escrúpulos hacia el trabajo de los guardias civiles, su imagen y honor, la ventaja que le da la prensa para lanzar acusaciones graves e infundadas; sabe que los guardias civiles no le pueden rebatir sus palabras. Esta asociación profesional alaba el trabajo de los agentes que se encontraron con una causa mastodóntica, sólo digerible con la profesionalidad y empeño a los que se les encomendó la investigación. Tras un trabajo excepcional han entregado un informe (más de trescientos folios que la Consejera ha analizado en 24 horas!!) que lo único que hace es reflejar el análisis de cientos de documentos de todo tipo, decenas de manifestaciones y miles de horas de trabajo. El informe consiste básicamente en reconstruir qué ha pasado en la Dirección General de Trabajo de la Junta durante los últimos 10 años para poder entender el uso que se le han dado a más de 800 millones de euros.Tarea nada fácil. En todo caso, nada se dice por capricho, ni con intención distinta a la de investigar y esclarecer lo sucedido. Todo lo expuesto en el informe está basado en hechos demostrables. El tiempo y la Justicia lo dirán, no la Consejera Susana Díaz.

Además de estas palabras de defensa y apoyo a los guardias civiles, esta APROGC considera que los representantes legales de la Guardia Civil (únicos legitimados para defender el buen nombre de la institución, su honor e imagen) deberían pronunciarse de alguna manera al respecto de las declaraciones de la Consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía. Así lo pedimos y así lo esperamos.

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