Se van a repartir 60.000 euros entre las asociaciones profesionales de guardias civiles que lo soliciten con cargo a los presupuestos de la Dirección General de la Guardia Civil, o sea, se va a quitar ese dinero del destinado al funcionamiento del Cuerpo; la primera reflexión que nos viene a la cabeza es si no hay necesidades urgentes en el Cuerpo donde mejor emplear ese dinero.
APROGC ya se manifestó en contra de conceder este tipo de subvenciones en abril de 2012, cuando estaba en estudio esa posibilidad. Por supuesto continuamos en esta postura y ahora nos reiteramos en la misma, pues la situación no ha cambiado: APROGC no va a utilizar para su funcionamiento un solo euro de esas subvenciones. Nos proponemos vivir y funcionar con nuestros propios ingresos mientras podamos, como creemos deberían hacer todas las asociaciones.
En estos momentos, en los que la crisis económica todavía golpea a la sociedad española y que todos padecemos, y la Guardia Civil no es una excepción, sería más conveniente destinar esos recursos económicos a otros fines más convenientes para el trabajo diarios de los guardias civiles, y por lo tanto, del servicio al ciudadano. Mientras que algunos no pierden la ocasión para criticar cualquier carencia, que hay que solucionar con la máxima diligencia, o el gasto excesivo que suponen actos que engrandecen la memoria, la historia o los símbolos de la Guardia Civil, estamos seguros de que no les temblará la mano a la hora de recoger el dinero de estas subvenciones y gastarlo en pancartas, silbatos y alguna que otra comida de sus juntas directivas (comida de trabajo, por supuesto).
De las modalidades de subvenciones establecidas, no vamos a solicitar la destinada a “gastos de organización y funcionamiento de las asociaciones”, pues no se puede destinar a otro fin, y nosotros vivimos del dinero de los socios. El resto de Asociaciones deben estar agradecidas por esta decisión, ya que se embolsarán el dinero que nosotros rechazamos: el dinero que legalmente le corresponde a APROGC lo gastarán otras asociaciones; deberían darnos las gracias.
Otra parte de la subvención se concede por la “representación en el Consejo” y nuestro propósito es revertirlo materialmente en los guardias civiles, no en APROGC. Ya les informaremos puntualmente cómo se emplea ese dinero.
Por otro lado, en la coyuntura actual en la que cualquier euro público requiere total control, cuando existe un proyecto de Ley para que exista la máxima transparencia en la gestión y manejo de los recursos que son de todos, exigimos también que se exija la máxima transparencia de aquellos que reciban cualquier cantidad de dinero público, y reclamamos la obligación de la presentación pública de sus cuentas y la auditoría correspondiente. Recordamos a todos, Administración incluida, que para recibir subvenciones las asociaciones profesionales tienen que hacer una declaración jurada donde declaren que “no han aceptado ni recibido, directa o indirectamente, subvenciones o aportaciones, en metálico o en especie, provenientes de partidos políticos, sindicatos …”.
Así es la Asociación denominada absurdamente de “los generales”, quizás aludiendo a no sabemos qué estatus o privilegios, pues la realidad es bien distinta: todos los miembros de esta asociación pagan sus cuotas anuales de las que vive la asociación, los miembros de la Junta Directiva trabajan en sus destinos 30 días al mes, no han utilizado horas “de las asociaciones” para esos trabajos, lo hacen en su tiempo libre, no van a utilizar dinero público, de todos los guardias civiles, para financiarse, y un largo etcétera de “hechos diferenciales” de los que se benefician esos que infantilmente nos menosprecian. A esos les recordamos que somos la única asociación con representación en el Consejo en dos escalas, algo que ellos intentaron y no consiguieron; lo sentimos, que sigan trabajando. Además somos la única asociación que tiene entre sus socios a guardias civiles de todos los empleos, desde guardia a general, y de todos ellos estamos muy orgullosos, pues todos son igual de buenos guardias civiles.
Madrid, 5 de noviembre de 2013
